viernes, 3 de septiembre de 2010

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre




A quienes más afecta la pobreza es a los niños y niñas. Aunque la privación grave de bienes y servicios perjudica a todos los seres humanos, resulta más amenazante para los derechos de la infancia: a la supervivencia, la salud y la nutrición, la educación, la participación y la protección contra el peligro y la explotación. Establece un entorno que perjudica el desarrollo infantil de muchas maneras: mental, física, emocional y espiritual.

Más de 1000 millones de niños y niñas sufren una grave carencia de por lo menos uno de los bienes y servicios necesarios para sobrevivir, crecer y desarrollarse. En algunas regiones del mundo la situación es peor que en otras, pero incluso dentro de un mismo país puede haber amplias disparidades: entre la población infantil de las ciudades y los medios rurales, por ejemplo, o entre los niños y las niñas. Un influjo turístico en una zona puede mejorar las estadísticas generales sobre la pobreza de un país, mientras la mayoría sigue siendo pobre y desprotegida.

Cada una de las privaciones incide en el efecto que tienen las otras. Por ello, cuando coinciden dos o más, las repercusiones para los niños y niñas pueden ser catastróficas. Por ejemplo, las mujeres que deben caminar largas distancias a fin de conseguir el agua necesaria para el hogar no suelen poder prestar asistencia plena a sus hijos, lo que podría afectar su salud y su desarrollo. Y los propios niños y niñas que deben caminar largas distancias para obtener agua tienen menos tiempo para acudir a la escuela, un problema que afecta especialmente a las niñas. Los niños y niñas que no están inmunizados o que se encuentran desnutridos son mucho más susceptibles de contraer enfermedades que se propagan a través de las malas condiciones de saneamiento. La pobreza agrava los efectos del VIH/SIDA y de los conflictos armados, recrudece las disparidades sociales, económicas y entre los géneros y socava los entornos protectores de las familias.

La pobreza contribuye a la desnutrición, que a su vez es un factor importante en más de la mitad de las muertes de menores de cinco años en los países en desarrollo. Alrededor de 300 millones de niños y niñas se van hambrientos a la cama de todos los días. De esta cifra, solamente un 8% son víctimas del hambre o de otras situaciones de emergencia. Más de un 90% sufren desnutrición a largo plazo y carencia de micronutrientes.


El mejor comienzo en la vida es fundamental para los primeros años del niño, no solamente para su supervivencia sino también para su desarrollo físico, intelectual y emocional. Por ello, estas privaciones ponen enormemente en peligro la capacidad del niño para alcanzar su pleno potencial, un factor que contribuye a potenciar el ciclo de pobreza y hambruna sin fin que vive la sociedad.

Situación actual


Es, sin duda alguna, el más ambicioso de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que está presente, de una u otra manera, en el resto de objetivos. Actualmente, el hambre y la pobreza son los grandes problemas a los que se enfrenta nuestro mundo.

Unos 923 millones de personas viven en situación de pobreza extrema (con menos de un dólar al día), frente a los 1.250 millones que lo hacían en 1990. Si el descenso se mantiene al ritmo actual, podría alcanzarse la meta fijada para el año 2015.

Sin embargo, el descenso de la extrema pobreza en todo el mundo se debe especialmente al crecimiento económico en Asia oriental y sudoriental.

Por continentes, Asia Meridional, con un 29,5% de su población, y África Subsahariana, con el 41,1%, a pesar de haber registrado un importante descenso en el porcentaje de habitantes en situación de pobreza extrema, siguen siendo las zonas donde más personas se enfrentan diariamente a este problema.

Por otro lado, la reducción de la pobreza ha traido consigo un aumento de la desigualdad, especialmente en la zona que ha sido el motor en la citada reducción, Asia oriental. No obstante, los mayores índices de desigualdad se siguen observando en América Latina y Caribe y en África Subsahariana.

generalizado a En el caso de las personas que pasan hambre en el mundo, también ha habido un descensonivel mundial. Sin embargo, este descenso ha sido escaso en África Subsahariana y en Asia Meridional, lo que hace improbable alcanzar la meta fijada de reducir para el 2015 el número de personas que pasan hambre en el mundo.

Retos para el cumplimiento del objetivo

En estos momentos, existe una tecnología y una capacidad productiva de alimentos más que suficiente para toda la humanidad; el verdadero problema radica, más que en la producción, en el acceso y distribución de la riqueza, de los recursos, de los mercados y de los conocimientos.
El sector agrícola es clave para reducir el hambre y la pobreza extrema. En los países en desarrollo, la agricultura es el sector productivo que agrupa a la mayoría de la población.

Mientras los países ricos imponen la apertura de los mercados en los países en desarrollo, los productos agrícolas de estos países no pueden competir en los mercados de los países ricos debido a los aranceles y a las subvenciones existentes.

No se destinan recursos suficientes al desarrollo rural y a la agricultura por parte de los países en desarrollo, ni ha aumentado la cantidad que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), bilateral y multilateral, destina al sector agrícola-pesquero-forestal.

Los desastres naturales, cada vez más frecuentes, y los conflictos armados, afectan a un porcentaje que oscila entre el 5 y el 10% de las personas que padecen hambre a nivel mundial, además de aumentar el número de personas que se enfrentan a emergencias alimentarias.

En el año 2002, el 54,3% de una población de 26’748.972 habitantes era pobre y 23,9% vivía en situación de pobreza extrema. En otras palabras, los hogares de 14’542.692 personas no podían acceder a una canasta mínima de bienes y servicios básicos. Dentro de este inmenso grupo de pobres, los hogares de 6’393.004 personas carecían de los ingresos necesarios para adquirir una canasta mínima de alimentos. Así, poco más del 50% de la población del país tenía una historia humana de privación, marginación y exclusión. Si bien los promedios nacionales revelan condiciones de pobreza alarmantes, el examen desagregado a nivel urbano-rural y departamental muestra realidades aun más críticas:

• La incidencia de la pobreza, en especial de la pobreza extrema, es mucho mayor en las zonas rurales que en las urbanas.

• Hay una gran disparidad a nivel departamental En 18 de los 24 departamentos del Perú —andinos y amazónicos, con predominancia de lo rural sobre lo urbano— la incidencia de la pobreza total superaba el 50% en el 2002. En Amazonas, Huánuco y Huancavelica más del 80% de la población vivía en situación de pobreza total. En estos mismos departamentos, así como en Puno, Cusco y Apurímac, la incidencia de la pobreza extrema sobrepasó el 50%.

ESTADÍSTICAS

La utilización del indicador proporción de la población cuyos ingresos per cápita son inferiores a US$ 1 y US$ 2 diarios es sumamente difícil en el caso peruano debido a la debilidad de la comparabilidad monetaria aun dentro de los términos de paridad de poder adquisitivo que utiliza el Banco Mundial (BM). Por esta razón, los cálculos de pobreza extrema y pobreza total con el patrón de US$ 1 y US$ 2 diarios de ingreso per cápita arrojan valores especialmente bajos respecto al resto de la región y el mundo, y muestran realidades muy diferentes a las de otras naciones con niveles de desarrollo económico y social similares. Es por ello que los cálculos presentados aquí han sido realizados siguiendo la metodología de línea de pobreza de gasto desarrollada por el INEI. Para determinar la línea de pobreza, INEI toma como referencia una canasta de consumo normativa, generada para cada región del país. Considera en pobreza extrema la situación de las familias que no cubren la canasta alimentaria y en pobreza crítica (o total) a quienes no cubren el total del consumo considerado necesario. INEI aplica esta metodología —con correcciones periódicas— desde 1996 en la ENAHO.

POBREZA, EXCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD

El Perú no cuenta con información confiable y reciente sobre la población con discapacidad. De acuerdo con el Censo Nacional de 1993, solo 1,3% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo un estudio de ese mismo año de la OPS y el Instituto Nacional de Rehabilitación refiere que 31,28% de la población tiene discapacidad y que 13,08% de ese porcentaje vive excluido de la sociedad y sin acceso a servicios de salud, educación y trabajo. De acuerdo con información obtenida en la Consulta Nacional sobre Discapacidad, organizada por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República en los 24 departamentos del país —y que congregó a más de 7.700 personas— la mayoría de personas con discapacidad vive en hogares de bajos ingresos y condiciones precarias. De un lado, la presencia de una discapacidad en el hogar intensifica las carencias de todo el grupo familiar, dado que es necesario hacer gastos adicionales en salud, educación y transporte. De otro, la misma pobreza propicia discapacidad. Si se toma en cuenta los porcentajes de pobreza (54,8%) y extrema pobreza (24,4%) en el país, que van de la mano con deficiencias nutricionales, escaso acceso a sistemas de salud, carencia de servicios sanitarios y baja calidad de la educación, podemos apreciar cómo se va tejiendo el círculo perverso de pobreza, exclusión y discapacidad. Una ilustración dramática de lo expuesto es el caso de una escuela de educación especial en Madre de Dios, donde casi la mitad de los alumnos tiene parálisis cerebral producto de fiebres altas que no recibieron atención médica oportuna y adecuada.
 
HAMBRE
 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. El hambre es una consecuencia ineludible de la pobreza, en especial de la pobreza extrema. Está ligado a la vulneración de derechos vinculados con la privación por desigualdad: educación, acceso a la salud y acceso a agua potable y servicios básicos de saneamiento. La persistencia del hambre en los hogares tiene un impacto nefasto en la nutrición de las niñas y los niños.

 La desnutrición en la niñez trunca las posibilidades de desarrollo cognoscitivo y conductual, impide el aprovechamiento y rendimiento escolar y tiene secuelas negativas permanentes en la salud de las personas. En otras palabras, disminuye de antemano los futuros niveles de productividad laboral de los adultos. De acuerdo con los estándares internacionales, en un país bien nutrido la prevalencia de la desnutrición global (la insuficiencia ponderal es medida como peso insuficiente para la edad) en niños y niñas menores de 5 años no debe exceder el 3%. En el caso de América Latina y el Caribe, ésta se redujo de 11% a 8% entre 1990 y 20005.

 Debido a diferencias en metodología y muestreo de las ENDES de 1992, 1996 y 2000, no es conveniente aproximarse a la información de insuficiencia ponderal en menores de 5 años desde una perspectiva comparativa. La información referencial de 1992 presenta un valor de 10,8% para este indicador. Los datos de 2000 revelan que 7,07% de los niños menores de 5 años tenían insuficiencia ponderal. Un examen diferenciado de niños y niñas muestra que en 1992 la proporción de niños con desnutrición global era mayor que la de las niñas. Los datos de 2000 muestran menores tasas de insuficiencia ponderal para ambos sexos, así como una reversión de la situación anterior en detrimento de las niñas.

 Es importante resaltar que la mejoría en el indicador ocurrió tanto en zonas urbanas como rurales, a pesar de las grandes desigualdades aún persistentes entre ambas. Este hecho puede reflejar un componente importante de focalización en los programas orientados a reducir los niveles de desnutrición, señalando una pauta importante aun en un contexto de crisis como el enfrentado durante el período de análisis.

 Al igual que en el caso de los indicadores de pobreza, se encuentran grandes diferencias por dominio geográfico: el 11,7% de los niños menores de 5 años tenían insuficiencia ponderal en las áreas rurales en 2000 y 3,2% en las áreas urbanas. La información desagregada por departamentos muestra que las zonas más críticas son la Selva amazónica (en especial Loreto, Amazonas y Ucayali) y la zona andina (particularmente, Huancavelica, Pasco, Cusco, Apurímac, Cajamarca y Huánuco).

 Una mirada a la desnutrición crónica en menores de 5 años —medida por baja talla para la edad— muestra resultados más alarmantes. La desnutrición crónica es el indicador que mejor refleja los efectos a largo plazo de una dieta inadecuada (deficiente en yodo, hierro y micronutrientes) unas enfermedades recurrentes o ambas. Por ello es el mejor indicador de la persistencia de privación en el largo plazo. De acuerdo con la ENDES, el promedio nacional alcanzó 25,4% en el año  2000. Al considerar la información departamental, se tiene que 53,4% de los niños  menores de 5 años sufrían de desnutrición crónica en Huancavelica, 43,2% en Cusco, 43% en Apurímac y 42,8% en Huánuco en ese mismo año. En otras palabras, alrededor de la mitad de las niñas y los niños de los departamentos andinos mencionados ven vulneradas sus capacidades de enfrentar la pobreza debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre su desarrollo físico y educativo.

 La estimación del porcentaje de hogares que presentan déficit calórico ilustra la dimensión de inseguridad alimentaria de la pobreza en el Perú. En 2002, el gasto en alimentos6 de 35,8% de los hogares del país no alcanzaba los requerimientos calóricos mínimos. Esta cifra revela un empeoramiento de la situación con respecto al año anterior, cuando los hogares con déficit calórico llegaron a representar el 33,3% del total. Al igual que en el caso de los indicadores anteriores, hay una combinación de desigualdades y disparidades regionales en materia de pobreza:

�� Las condiciones de las zonas rurales son mucho más críticas que las
urbanas. El porcentaje de hogares con déficit calórico es 29,4% en las
zonas urbanas y 47,7% en las rurales. Entre estas últimas, la Sierra rural
(49,3%) y la Selva rural (50,5%) sobresalen por la precariedad de su
situación.
�� Los datos desagregados por departamentos muestran que incluso en
aquellos con menor déficit calórico (Tacna, Tumbes, San Martín, Lima-
Callao) los porcentajes son elevados (23%). Dicha situación es sumamente preocupante puesto que implica que en los departamentos con mayor nivel de desarrollo, 1 de cada 4 hogares carece de condiciones de seguridad alimentaria.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

En un país pobre y desigual, las luchas contra la pobreza y el hambre constituyen temas históricos e infaltables del discurso público. Éstas son emprendidas de maneras disímiles por el Estado y otros actores sociales. Así, el reconocimiento de la magnitud del problema de la pobreza y la necesidad de reducirla se reflejan en su inclusión en el Acuerdo Nacional. La Décima Política de Estado busca “dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad social aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas.” Adicionalmente, en 2003 se aprobó la política específica de lucha contra la pobreza por medio del D.S. 002-2003-PCM, “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres”. Recientemente, los esfuerzos por articular y fortalecer la política social han sido formalizados por la aprobación del 6 No hay estadísticas sobre consumo, por lo que se utiliza el gasto de los hogares en alimento como un proxy para calcularlo.

“Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-2006”, la “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015” y la “Estrategia de Desarrollo Rural”. Los dos primeros establecen sus metas e indicadores en concordancia con los de la Declaración del Milenio y en los ODMs resultantes. Las acciones de lucha contra la pobreza y el hambre son realizadas por una multiplicidad de entidades estatales y de la sociedad civil. En años recientes, además, algunas empresas del sector privado incorporaron programas de alivio de la pobreza y desarrollo de capacidades a sus actividades de responsabilidad social.
En el Gobierno Central:

�� La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) —adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) — está encargada de la coordinación, formulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la política social. El Comité Técnico Social Multisectorial es la instancia operativa del CIAS encargada de coordinar y articular la ejecución de la política social.

�� El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) tiene la misión de diseñar, proponer y ejecutar la política de desarrollo social y humano promoviendo la equidad de género y la igualdad de oportunidades para la mujer, la niñez, la tercera edad y las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema discriminadas y excluidas.

�� El Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de sus actividades de Diplomacia Social, busca una mayor articulación entre la gestión externa, la cooperación internacional y el logro de los objetivos sociales del país. Hasta el año 2003, la ejecución de los programas de política social estuvo a cargo de muchas entidades —en su mayoría adscritas al Gobierno Central. En el caso de la lucha contra el hambre, si bien no se identificaba políticas específicas, sí se encontraba un sinnúmero de programas implementados por diversas entidades estatales. En 2003 hubo 112 programas gubernamentales destinados a aliviar la pobreza y el hambre de la población, el total de cuyos montos equivalió a aproximadamente 4,5% del presupuesto nacional. La mayoría de éstos fueron programas de reducción de pobreza, entre los que se incluyen los Programas A Trabajar Urbano y de Apoyo a la Pequeña y Micro Empresa —ambos liderados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo— el Programa A Trabajar Rural (FONCODES - MIMDES), el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos del Ministerio de Agricultura (MINAGRO) y el Programa Techo Propio a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MINVIV). La mayor parte de los programas alimentarios —suman 14— fueron ejecutados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y dirigidos a diferentes grupos de beneficiarios. Entre éstos se encuentran los programas infantiles, los programas escolares y los comedores populares.

En el marco de la política de descentralización, en el 2003 se inició la transferencia de los programas sociales de complementación alimentaria y de los proyectos de infraestructura social a los gobiernos locales7. La Ley de Presupuesto 2004 establece los mecanismos para ello. Dicha transferencia y el monitoreo de la ejecución por la municipalidad por parte de los Comités de Gestión prevee la participación de la ciudadanía y de actores relacionados como los productores locales8. La descentralización es aún un proceso incipiente, que presenta riesgos y oportunidades para el logro de los objetivos de lucha contra la pobreza y el hambre. Debido a ello, la capacitación de los gobiernos locales en el manejo de programas de política social es esencial. Los compromisos de capacitación del MIMDES y del Consejo Nacional de Descentralización (CND), así como los lineamientos para el fortalecimiento de los programas (D.S. 009-2004-PCM) constituyen elementos positivos en este proceso.
 Probablemente uno de los avances más importantes en la institucionalización nacional de la lucha contra la pobreza fue la creación de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y Oportunidades para los Pobres en el año 2000. La Mesa, que coordina directamente con la PCM, reúne por primera vez a representantes de ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, Iglesias e instituciones confesionales, ONGs, organizaciones sociales de base, sector privado empresarial y organismos de cooperación internacional, con el objetivo de lograr un consenso sobre la forma más transparente, justa y eficiente de luchar contra la pobreza en cada región, provincia y distrito del Perú. Actualmente hay 23 mesas regionales, 174 provinciales y más de 1.000 distritales. En junio de 2001, la Mesa elaboró la Carta Social, que establece la orientación, los instrumentos y los compromisos institucionales de largo plazo para guiar acciones colectivas que incrementen la cobertura, eficiencia y calidad de la lucha contra la pobreza. Dicha carta compromete a los gobiernos regionales y locales a elaborar e implementar planes concertados y presupuestos participativos con la sociedad civil organizada. Si bien los pobres son usualmente olvidados en la identificación de los actoresencargados de luchar contra la pobreza y el hambre, la realidad nos muestra que las iniciativas generadas “desde abajo” también tienen impactos significativos en el alivio de estos problemas y en el desarrollo social. Un ejemplo crucial lo constituye la experiencia de los comedores populares autogestionarios liderados por organizaciones de mujeres de los sectores urbanos populares. Actualmente hay cerca de 1.400 comedores autogestionarios en Lima y 10.000 a nivel nacional, los cuales integran una red que agrupa a 240 mil mujeres9. Otras experiencias de éxito emergente son el desarrollo de la microempresa —apoyada a nivel estatal por la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Ley N° 28015) — y las actividades de microfinanzas:

�� Hay más de 1’300.000 microempresas —que representan más del 96% de las empresas registradas en los sectores de producción, comercio y servicios — que generan el 18% de PBI y dan trabajo a 20% de la PEA, constituyendo un potencial de desarrollo empresarial importante. Algunas se han organizado en asociaciones distritales de microempresarios y en la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.

�� Entre 1997 y 2001, el número de programas microfinancieros creció en 253%10, siendo las cajas municipales y rurales las que muestran mayor dinamismo. Destacan también ONGs que brindan servicios de financiamiento como CARE (Edpyme Edificar), Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR) e IDESI (Proempresa). El mercado objetivo de las ONGs es la población de escasos recursos, aunque ésta no es siempre atendida. De acuerdo con la Encuesta a Hogares de Pobreza Extrema (HOPE) de 1999, 8,3% de los hogares urbanos en situación de pobreza extrema y 3,5% de los hogares rurales acceden al microcrédito. De éstos, 83% de los hogares urbanos y 96% de los rurales están liderados por hombres.

DESAFÍOS


Hacia una cultura de equidad y superación de la pobreza Los hábitos cotidianos del individuo privado, las decisiones del Estado y low programas de los diversos actores involucrados en la lucha contra la pobreza tienden a estar teñidos por una cultura de exclusión que dificulta el logro del ODM
1. En este sentido, es indispensable un cambio cultural que acompañe a las
decisiones políticas más técnicas y concretas para la disminución de la pobreza en
el Perú a los niveles acordados para el año 2015. Dicho cambio debe sentar bases
para un nuevo paradigma que permita la transversalización de los ideales de
equidad y superación desde la conceptualización misma de las políticas.

Pobreza, crecimiento económico y redistribución del ingreso

Si bien la política social inclusiva, equitativa, focalizada y efectiva es una
herramienta necesaria para la reducción de la pobreza, son primordiales la
redistribución del ingreso y el crecimiento económico sostenido.
El crecimiento es crucial puesto que tiene efectos directos y significativos
en la disminución de la incidencia de la pobreza. El crecimiento económico tiene
un impacto positivo en la generación de empleo, en el mejoramiento de las
remuneraciones, y por lo tanto en el incremento del ingreso de los hogares. Por otro
lado, este mismo incremento del ingreso de la población lleva a la consecuente
ampliación potencial de la recaudación tributaria, que puede ser utilizada para
financiar un mayor y mejor gasto social.

En una realidad tan desigual como la peruana, la redistribución activa del
ingreso es necesaria para permitir que los frutos de ese crecimiento sean también
aprovechados por los grupos excluidos de la población —los más pobres, los que
viven en las zonas rurales, las poblaciones indígenas, las mujeres, los niños y niñas
menores de cinco años, entre otros. En otras palabras, la redistribución es crucial
para que el desarrollo humano sostenible alcance por igual a todas las peruanas y
los peruanos.

Visión integral de la pobreza y el hambre


La pobreza y el hambre —en especial el hambre— suelen ser abordados de manera
individualizada y sectorizada. Debido a ello, no se consigue la debida articulación
con las acciones de otros sectores, por lo que no hay un enfoque de atención
integral dirigido a la población con más carencias.

Problemas de focalización y filtración

No existe una adecuada focalización de los programas, por lo que generalmente los
que más necesitan no reciben la ayuda necesaria y, por el contrario, los que no son
los más necesitados pueden recibir apoyo hasta de dos o tres programas
simultáneamente. Por otro lado, los estudios académicos revelan la existencia de
problemas de filtración en muchos programas, estimados en rangos de 50% a 100%
del valor de los programas.

Diseño de políticas y programas de lucha contra la pobreza y el hambre

Para mejorar las probabilidades de acercamiento al ODM 1 es necesario establecer
políticas, programas y acciones que den un marco operativo adecuado a los actores
involucrados. A continuación se proponen algunos aspectos que se considera
pueden contribuir a construir dicho marco:

�� Diseño de programas integrales con la participación del Estado, la sociedad
civil y la población objetivo para lograr su apropiación y,
consecuentemente, su ejecución y defensa.

�� Establecimiento de compromisos entre las partes involucradas, con el
propósito de que los programas diseñados formen parte de las políticas de
Estado de largo plazo.

�� Inclusión de sistemas de evaluación permanente y de cuantificación de
impactos en los programas, cuyos resultados constituyan insumos para su
reorientación y mejoramiento.

Lucha contra el hambre


En el caso específico de la lucha contra el hambre, se consideran desafíos
importantes:

�� Crear conciencia de que la causa fundamental del hambre y la inseguridad
alimentaria es la falta de acceso a los alimentos como resultado de la
pobreza y de la distribución desigual del ingreso.

�� Reconocer que la alimentación de calidad es un derecho inalienable de
todos los ciudadanos y que es deber del Estado crear las condiciones para
que la población pueda ejercerlo.

�� Que los programas implementados aborden las tres dimensiones de la
seguridad alimentaria —oferta, acceso y consumo—, lo cual implica la
necesidad de acciones interrelacionadas en las áreas de mejoramiento de
ingresos, acceso a alimentos baratos, programas específicos de atención
alimentaria y aumento de la oferta de alimentos básicos, en especial a nivel
de unidades familiares de producción y autoconsumo.

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